La protesta de agricultores que pone al Gobierno alemán contra las cuerdas

El problema que representa el agujero fiscal de 60.000 millones de euros (unos 65.000 millones de dólares) que enfrenta el tripartito alemán de socialdemócratas, verdes y liberales es mucho más grave de lo que se suponía. Tras un fallo adverso del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha tenido que revisar todas sus previsiones e iniciar un proceso de recortes que deja varios afectados. 

El sector rural ha sido de los primeros en reaccionar tras los anuncios de eliminación del subsidio al diesel y la introducción de un impuesto a los vehículos agrícolas, que hasta ahora estaban exentos. Hacia mediados de diciembre de 2023 surgían las primeras protestas en Schweinfurt, en el norte de la región de Baviera. Días después eran cientos los tractores en varias ciudades que portaban una improvisada bandera con el lema: “Wir haben die Schnauze voll”(“estamos hartos”).

El ministro de Agricultura, Cem Özdemir, advertía en aquellas últimas semanas del año que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario. Sin embargo, sus compañeros de gabinete avanzaron con el recorte, demostrando que el consenso al respecto era inexistente.

El crecimiento de las protestas llevaron al Gobierno a acercar posiciones y revisar parte de sus medidas, pero ya era tarde. Las exigencias de los campesinos son intransigentes e incluso van más allá de este conflicto en particular: el grito parece haberse convertido en una protesta contra el Gobierno en su conjunto.

Encuestas: un Gobierno impopular

Según datos del instituto de opinión pública Infratest dimap, el Gobierno federal vive sus peores momentos de popularidad desde que se formó la coalición, en diciembre de 2021. Apenas el 17% de los alemanes está contento con su trabajo. Todos sus ministros han empeorado su valoración, llegando a niveles por debajo del 30% de aprobación. Y es el canciller, Olaf Scholz (SPD), el que peor valorado se encuentra, con apenas el 19% de satisfacción con su trabajo.

Estas encuestas contrastan con los altos niveles de apoyo que reciben las protestas de los campesinos. En efecto, más del 80% considera justos los reclamos, según una medición de la consultora Forsa. Datos que, si se desagregan por simpatías partidarias, dan cuenta de que no solo aquellos cercanos a la oposición, sino también la mayoría de los votantes de los partidos de gobierno apoyan a los campesinos.

Infiltración y extremismo

Este reclamo comenzó a convertirse en un problema bastante más complejo cuando el vicecanciller y ministro de Economía y Protección Climática, Robert Habeck (Verdes), sufrió la furia de un grupo que le impidió bajar del ferry en el que se trasladaba con su familia luego de las vacaciones navideñas. El hecho generó un debate sobre los límites de las protestas.

 

“Me preocupa que parte de las manifestaciones se hayan vuelto muy ásperas y que grupos extremistas de derechas y antidemocráticos se hayan infiltrado en ellas”, sostiene Alena Buyx, presidenta del Consejo de Ética de Alemania.

 

 

Según Buyx, el derecho a protestar y manifestarse en una democracia es algo muy importante, pero al mismo tiempo un enfoque más respetuoso facilitaría las negociaciones y eventualmente el hallazgo de una solución para el conflicto.

Es en ese sentido que la aparición e incluso el protagonismo de algunas figuras de la extrema derecha ha encendido las alarmas de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, un organismo que se encarga de investigar las acciones antidemocráticas en el país. De hecho, para las propias organizaciones de agricultores representan un problema ya que su mera presencia deslegitima la protesta y genera rechazo en la población en general.

Los ultraderechistas aprovechan el conflicto para impulsar sus consignas antidemocráticas y antigubernamentales. Se trata de una estrategia muy efectiva de dichos grupos para reorientar la indignación sobre un tema concreto hacia sus fines políticos. Las protestas durante la pandemia son un ejemplo de ello.

En ese contexto, el partido ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) también opta por plegarse a los campesinos, aunque en realidad su programa partidario exige la eliminación de los subsidios. Una contradicción que parece importarle poco a sus voceros, que en los últimos días se manifestaron a favor de duplicar las subvenciones y de eliminar impuestos.

El dilema indeseable de la oposición

En un año con varias elecciones importantes, como las europeas, las regionales en tres regiones del este y las comunales en la mitad de los “Bundesländer”, el Gobierno se enfrenta a un nuevo muy probable revés electoral, que provocaría un terremoto político.

Algo que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) no ha dejado de analizar: “Si [el gobierno] fracasa, podría considerarse la posibilidad de celebrar elecciones federales anticipadas el 9 de junio, el mismo día que las europeas”, declaró en diciembre pasado el líder de esa fuerza, Friedrich Merz. De hecho, una encuesta de noviembre de 2023 ya indicaba que el 41% apoyaba la idea.

Sin embargo, el partido de centroderecha tiene un problema importante, especialmente en los territorios de la exRDA (antigua Alemania Oriental). Allí AfD supera el 30% de intención de voto y, de mantenerse en esos números, obligaría a la CDU a tener que enfrentarse al dilema que hasta ahora había podido esquivar: pactar con los ultraderechistas para formar gobiernos en esas regiones o pactar con otros partidos como los socialdemócratas, los verdes y hasta incluso Die Linke (los postcomunistas).

El daño que pudiesen generar esos escenarios seguramente tendría repercusión a nivel federal.