Luis Córdova: "Con el 'conflicto armado interno' no solo se militarizó la seguridad, sino la sociedad"

Las escenas se repiten: fusiles apuntan a los rostros de adolescentes, jóvenes y hombres adultos —decenas son afrodescendientes—, detenidos por policías y militares en varias zonas conflictivas en Ecuador como Esmeraldas, Manabí, Guayas. Han sido detenidos y, de acuerdo con la Policía, son, presumiblemente miembros de bandas narcocriminales en Ecuador.

Desde el 9 de enero de 2024, el país andino, el más violento de América Latina por su tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, vive bajo una declaratoria de "conflicto armado interno", en el marco de un estado de excepción. Atentados, policías retenidos, sicariatos y el secuestro de más de 200 funcionarios y guías carcelarios en siete prisiones controladas por organizaciones criminales se vivieron durante los primeros días de la medida.

En una semana, el Gobierno ha presentado los resultados del Plan Fénix, como llama a su línea de trabajo en seguridad: 1.975 personas detenidas, es decir, 282 capturadas a diario, 20.849 operativos a escala nacional y la liberación de los rehenes, hasta el 17 de enero. Las muertes, sin embargo, no cesan: la tarde del martes, el reconocido fiscal César Suárez, que investigaba casos de delincuencia organizada y otros como la reciente toma armada del canal TC Televisión, fue asesinado en Guayaquil.

Desde Quito, Luis Córdova, investigador y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador, analiza ampliamente los primeros resultados de la declaratoria del "conflicto armado interno". Aborda sus posibles efectos a largo plazo y los peligros de una militarización prolongada en el país, donde las redes criminales operan con la fuerza pública y agentes estatales —como evidenció el caso Metástasis— y con la detención de militares, miembros de bandas delictivas.

France 24: A siete días de haber declarado a Ecuador en un "conflicto armado interno", el Gobierno de Daniel Noboa presentó su balance: casi 2.000 detenidos, más de 20.000 operativos a escala nacional y una tensa calma en las calles. Pero, ¿cómo entender estos resultados?, ¿cuál es su análisis de esta primera semana?

Luis Córdova: Mi primera forma de entenderlo es que el enemigo de este conflicto ha sido sobredimensionado y, por lo tanto, no hay una real confrontación. Lo que vemos es un avasallamiento del poder coercitivo del Estado sobre estructuras pandilleriles que operan en los territorios más violentos del país, donde jóvenes ejecutaban delitos como sicariato o extorsión.

Pero es evidente que la violencia criminal y la disputa por rutas y zonas de control de puertos —vinculados a la economía del narcotráfico— no está dada solamente por sicariato y extorsión, sino, sobre todo, por una industria bien sofisticada que tiene cooptados a empresarios, autoridades estatales y políticos.

La declaratoria de "conflicto armado interno" está creando un nuevo escenario estratégico para el Estado y para los actores externos que están jugando en el tablero político-militar. El protagonista será el Estado, a través de sus fuerzas armadas y la Policía, frente a un enemigo que el Gobierno infló como un gran enemigo terrorista.

Entonces, la presencia militar estará para disuadir a muchos de los jóvenes y adolescentes que estaban en las calles.

Ese es el primer momento de este 'conflicto armado' y lo que veremos en uno o dos meses es la misma tónica: un bombardeo constante con datos del éxito de estas operaciones contra quienes considera terroristas, una disminución en la tasa de homicidios y un mejoramiento en la percepción de la seguridad desde la ciudadanía, que reclamaba una acción más radical, como vemos ahora.

Es una paz mafiosa, que ya se ha visto antes en Ecuador"

France 24: Es decir, ¿lo que se está atacando en este momento son los eslabones más bajos de las redes criminales en Ecuador?

L. C.: El Gobierno está apuntando a lo que es más epidérmico en el problema de la violencia criminal: la detención de personas encargadas de las tareas de extorsión, sicariato y línea primaria de logística del narcotráfico.

Ahora, si observamos el ritmo que está adquiriendo en estos siete días —del 9 de enero al 16 de enero— donde hay más de 1.700 detenidos*, eso diría que, en 30 días, ya podríamos bordear fácilmente los 6.000 detenidos. Y en dos meses, en cambio, podrían ser 12.000.

* Nota de la redacción: France 24 consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, institución a cargo de las cárceles en Ecuador, sobre a qué centros carcelarios han sido llevados las personas detenidas, pero dijo que es “información secreta por seguridad”, aunque no especificó los motivos claros.

France 24: Y después de esos dos meses, ¿qué podría esperar Ecuador?

L. C.: Si bien, repito, caerán las cifras de homicidios y delitos, lo que probablemente vayamos viendo, y que es un gran problema, es una paz mafiosa, que ya se ha visto antes en Ecuador.

Es decir, que las bandas criminales no maten en las cárceles ni en las calles y, a cambio, las autoridades se harán de la vista gorda frente a los negocios ilícitos, con tal de que se sigan teniendo decomisos de toneladas de droga, lo demás es tolerable.

05:38

France 24: ¿Y de quebrarse esa paz que llama "mafiosa", podría haber, de nuevo, masacres, muertes y atentados múltiples?

L. C.: Así es. Podríamos vernos en ese escenario.

France 24: Usted decía que el "conflicto armado interno" y la militarización crearon un nuevo escenario estratégico para el Gobierno de Noboa, ¿cuáles serían los efectos tangibles tanto para su Administración como para la ciudadanía?

El conflicto debe ser abordado desde varias aristas. Primero, esta declaratoria representa una rentabilidad político-mediática inmediata. Eso buscaba el Gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado y la propia Embajada estadounidense, su principal cooperante: legitimar al Gobierno para que no sea objeto más de estas avasallantes críticas que estaba teniendo por las implicaciones criminales de casos como Metástasis.

Entonces, el primer efecto inmediato es esa rentabilidad: Noboa subirá en las encuestas de opinión, porque gran parte de la población está diciendo: “por fin están haciendo las cosas como se debía”.

El segundo efecto es que, con la declaración del 'conflicto armado interno', se está aclimatando a la población bajo el miedo y el horror ante el terrorismo y se ha activado el poder militar —que ahora toma las decisiones— por encima del poder civil.

France 24: Es decir, ¿estamos hablando de una especie de guerra psicológica?

L. C.: Sí. Y para que el terror crezca basta con que cada día salga una noticia de una amenaza de coche bomba o explosivos. Es decir, si cada día tenemos al menos uno de esos eventos ya se justifica la lucha contra el terrorismo y, por lo tanto, la psicosis social crece porque la población, sobre todo, de sectores de estratos económicos medios y altos en las ciudades está atemorizada.

Ese clima social, además, es capitalizado para una tercera arista: fabricar consensos en torno a reformas económicas*, fiscales, que es lo que hemos estado viendo en los proyectos de ley económica urgente enviados por Daniel Noboa.

* Nota de la redacción: desde que el "conflicto armado interno" comenzó en Ecuador, Noboa presentó dos proyectos económicos urgentes: la Ley Orgánica para enfrentar el "conflicto armado interno", la crisis social y económica, que plantea incrementar de 12% al 15% la tarifa del impuesto al valor agregado. También envió la Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito con la que se reformaría la Ley de Extinción de Dominio.

France 24: Pero la militarización no es nueva en Ecuador. De hecho, el expresidente Guillermo Lasso ya había declarado al terrorismo como amenaza al Estado en abril del 2023. Además de la declaratoria de "conflicto armado interno", ¿qué cambió ahora con Noboa?

L. C.: El Gobierno de Guillermo Lasso estaba totalmente deslegitimado por sus enfrentamientos con todo el mundo y la vinculación de su cuñado al caso Encuentro, una investigación por narcotráfico.

Ahora, Noboa, pese a su improvisación e ingenuidad, tiene un blindaje mediático-político de legitimidad para operar lo que le resta de mandato, que es corto. Pero que también podría catapultar un posible triunfo en la consulta popular que aún espera dictamen de la Corte Constitucional.

Con eso, se irá reforzando un efecto de bola de nieve: a la política de militarización de la seguridad, que ya existía, con el conflicto armado, empezamos una fase de militarización de la sociedad.

32:17

France 24: ¿Qué significa la militarización de la sociedad?

L. C.: El ethos militar —es decir, el comportamiento, la conducta militar y su escala de valores— justifica la clasificación entre lo civil y lo militar. Es decir: la del terrorista o criminal versus el militar, que se va convirtiendo en un punto de referencia moral de la sociedad.

Así, se coloniza la percepción moral del conflicto donde aparece el “héroe”, representado en el militar y el “antihéroe”, representado por el presunto terrorista.

Pero hay que tenerlo claro: la fuerza militar no intenta resolver problemas públicos, sino neutralizar y eliminar amenazas a la seguridad. Por eso, ahora ya no discutimos sobre pobreza y mendicidad, sino sobre terroristas. Y una persona detenida ya no es un posible delincuente, es el terrorista que ha sido neutralizado.

France 24: Si se extiende, entonces, esa retórica de la lucha entre “los buenos y los malos” de la guerra contra el narco, impregnada en el discurso gubernamental, ¿qué costos tendrá en Ecuador?

L. C.: Esa narrativa y el giro político tiene un altísimo costo social, humano y económico que iremos notando progresivamente. Los efectos a largo plazo los hemos visto ya en México, Colombia o Centroamérica.

Pero, a medio plazo, el Gobierno tendrá que resolver varios dilemas. No tiene personal operativo para mantener el control. Por eso, lo primero que quieren activar es el llamado a las reservas militares. Con eso, justifican la expansión del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas que, según la Ley de Defensa Nacional, está bajo tutela del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno tendrá que, sobre la base de estos mismos componentes de la estrategia militar, mostrar efectividad en la política económica y la conducción del control de lo que ha sido el problema central: las drogas. Vendrán más capturas, decomisos y también muertes. Dicen que hasta el momento han abatido a cinco personas. Pero con más enfrentamientos, podrían irse incrementando.

Luego, tendrán que resolver qué hacer con la cantidad de detenidos sin proceso judicial. Porque, de lo que sabemos, solo 158 han sido detenidos por terrorismo. Es decir, menos del 10%. El otro 90% no está siendo procesado y la realidad es que muchos no van a serlo, porque a una gran parte la están detenido por tener un tatuaje vinculado a una pandilla o estar en compañía de algún miembro.

France 24: Tampoco se conoce a dónde han sido trasladados los detenidos y es pronto para saber cuántos serán sentenciados, pero, ¿qué tan riesgoso sería ingresarlos al sistema carcelario, que registra 16 masacres carcelarias en menos de tres años? 

L. C.: Esa es justamente la pregunta: ¿cuál es la capacidad del Estado para poder contener a estos miles de detenidos? No es factible meterlos todos a prisión. No lo es. Y, si esa es la tónica, entonces tendrían que crearse nuevos centros de detención estatales e incluso clandestinos, como ha ocurrido en otros países, sin acceso al control, ni siquiera de las instancias públicas. Esto puede abrir camino a una gran serie de problemas.

Y es que no podemos olvidar algo muy preocupante: progresivamente percibiremos el costo humano, la vulneración a los derechos humanos y la vulneración de la dignidad de personas que sean detenidas, pero también de quienes no lo sean. 

Con la militarización de la sociedad, solo se encuentra la posibilidad de moralizar el discurso político desde lo “bueno y lo malo”. Y, claro, lo malo está dado por el terrorismo. Entonces, con efecto moralizador, la visión se recrudece cuando se piensa que los derechos humanos son solo para los “ciudadanos de bien”, no para “los terroristas”, ni quienes los apoyan.

France 24: Si Ecuador continúa fortaleciendo esa estrategia, ¿atacará a las estructuras criminales y sus tentáculos en la política, la fuerza pública y la esfera empresarial?

L. C.: Si uno revisa los antecedentes del crimen en Ecuador, la infiltración en las fuerzas de seguridad fue siempre constante. Es decir, casi todos los eventos graves de crimen organizado estaban vinculados a personal de fuerzas armadas y la Policía Nacional.

Si ahora se les da la potestad a esas mismas instituciones para que asuman el control total y luchen contra el supuesto enemigo, que está en sus propias filas, el gran riesgo que puede generarse es que esta zona gris de criminalidad, tan extensiva que existe en Ecuador, pueda aprovechar este escenario para apalancar sus propias economías ilícitas.

Puede pasar que, al cabo de siete o diez años, o incluso en el propio mandato de Daniel Noboa, terminemos con casos como los que ocurrieron durante el sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón y la guerra contra el narco en México, donde resultó que su secretario de Seguridad Pública y su zar antinarcóticos, Genaro García Luna, se convirtió en el principal traficante de armas de ese país.

Si en América Latina las políticas de mano dura y militarización contra el narco no dieron resultado, no veo por qué razón podríamos pensar que en el caso ecuatoriano sí va a dar resultados"

France 24: ¿Es posible que eso ocurra en las instituciones ecuatorianas?

L. C.: Por supuesto. No hay ningún tipo de depuración en estas instituciones. Los mismos contactos criminales de alto nivel que están dentro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional perfectamente pueden seguir operando bajo una cobertura absoluta. Ni siquiera van a ser observados porque, al militarizarse la percepción ciudadana, basta decir con que eres militar para que equivalga a “bueno”. Entonces, no importaría, porque no hay que ponerle el ojo a los militares. Ellos pueden seguir haciendo contrataciones a dedo o secretas y no pasa nada.

Si en América Latina las políticas de mano dura y militarización contra el narco no dieron resultado, no veo por qué razón podríamos pensar que en el caso ecuatoriano sí va a dar resultados.

Muchos periodistas y medios se van a alinear con las fuerzas del Estado. Eso es muy peligroso"

France 24: ¿De qué depende para que esa estrategia se mantenga pese a las alertas que ha enlistado?

L. C.: Hay uno muy problemático y es la capacidad que tengan los periodistas para mantener un flujo de información constante que permita desarrollar un discurso crítico sobre lo que estamos observando. Muchos periodistas y medios se van a alinear con las fuerzas del Estado. Eso es muy peligroso, porque en el momento en el que haya autocensura, que tengamos medios colonizados por esta narrativa de “éxito en la guerra antiterrorista”, olvídate. No habrá espacio ni siquiera para discutir lo que ocurre.

07:09

Otro factor clave es que la estrategia del Gobierno se enmarca en los acuerdos y los compromisos con Estados Unidos. Y un hecho que lo demuestra es la línea 131, habilitada para denuncias y para recompensas. Toda la información está controlada por el Comando Sur de Estados Unidos, es decir, desde allá se capitaliza la información y se irán dando las directrices.

En la práctica, significa que habrá mayor presencia de tropas estadounidenses y de asesores de seguridad y se incrementaría la capacidad, por parte del Estado, de desarrollar una guerra psicológica más persuasiva.

France 24: Usted ha cuestionado varias aristas de los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos, artífice de la “guerra contra las drogas”, en temas de seguridad, ¿cuáles son los problemas de seguir esa línea de trabajo que se consolidó con el expresidente Lasso?

L. C.: Estados Unidos ya llegó a un acuerdo en julio de 2023 con Ecuador. En él, se compromete a las Fuerzas Armadas a invertir más de 3.100 millones de dólares en los próximos siete años en el desarrollo de sus capacidades y su modernización. Es decir, con un horizonte al 2030.

En octubre del 2023, se firma el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas en el que se operacionalizan tanto la permanencia de personal militar y de defensa de Estados Unidos, como los privilegios, exenciones e inmunidades que va a tener su personal civil y militar y sus contratistas extranjeros, y que la Corte Constitucional debía decidir si era aprobado o no por la Asamblea. En ese acuerdo, también se los exime de pagar todo tipo de tributos y los exonera de abordaje e inspecciones, entre otros beneficios.

Lo que hace es seguir fortaleciendo la estrategia militarista. Y, puedo decir, la declaratoria del 'conflicto armado interno' es el arranque operativo del Plan Ecuador.

France 24: Pero con la llegada de Noboa, ¿el sentido de cooperación no podría repensarse?

L. C.: Esos acuerdos son un claro indicador de que Estados Unidos no iba a tolerar un gobierno que no se siente a darle continuidad a los acuerdos.

Lo que ha pasado con Daniel Noboa es eso: en el momento en el que se enfrenta esta crisis de inseguridad —que era previsible dada la inexperiencia y la ingenuidad con la que empezó su Gobierno— lo primero que le recordaron, en una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado donde estuvieron los militares y el embajador de Estados Unidos, es que había un acuerdo, una política y una estrategia que ya estaba planteada y con la que debía seguirse.

France 24: Usted dice que con el "conflicto armado" se inaugura el Plan Ecuador, propuesto por el expresidente Lasso, ¿en qué consiste?

L. C.: El Plan Ecuador nace en junio del 2022, cuando el ex presidente Lasso va a la Cumbre de las Américas y, en una de las entrevistas, él hace explícito su deseo de solicitarle al Gobierno de Estados Unidos un Plan Ecuador para resolver el problema del crimen organizado en Ecuador.

El Gobierno estadounidense acepta y de inmediato comienza la negociación de la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos, que se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos en diciembre del 2022. Es, además, parte de la ley bipartidista de Defensa Nacional de Estados Unidos y con ella, le entrega al Departamento de Estado la obligación de que en seis meses, es decir, en junio de 2023, elabore y diseñe una estrategia de intervención en el Ecuador.

El Plan Ecuador se consolida por la Ley de Asociación de Ecuador-Estados Unidos, por el memorando de entendimiento entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, firmado en junio de 2023, y por el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, de octubre de 2023. Ahí queda plasmado claramente el compromiso que tiene Ecuador con Estados Unidos. A partir de ahí, lo que se hace es ceder la decisión de la política de seguridad y defensa de Ecuador a un país extranjero.

Por eso, puedo decir que el Plan Ecuador ha comenzado con un presupuesto de 3.100 millones de dólares para fortalecimiento de Fuerzas Armadas, con un horizonte al 2030.

France 24: Y con ese “Plan Ecuador” en marcha, ¿qué pasará con las zonas de mayor conflicto si pensamos en una militarización a largo plazo?

L. C.: Percibo que el escenario a mediano y largo plazo podría ser muy parecido al de Brasil, más que a zonas como México y Colombia. Es decir, a la configuración de guetos urbanos en las ciudades. A eso justamente apuntan las políticas en zonas como Durán o el noroeste de Guayaquil. Con esa estrategia, podrían crear murallas de militarización, de videovigilancia con control tecnológico del más alto nivel para que la violencia, y que la gente que ahí vive, quede contenida, mientras el resto de la población retoma su vida “normal”.

No creo que ocurra como en México o Colombia porque el narco estuvo muy ruralizado. En Ecuador, en cambio, es totalmente urbano.

France 24: En la consulta popular propuesta por el Gobierno se ha planteado la asignación de tribunales especiales para militares y policías si llegaran a cometer algún delito, ¿cuál es su postura frente a ese planteamiento?

L. C.: Se le daría blindaje total a la fuerza pública. Además que buscan que se les facilite algo que ya la Corte Nacional de Justicia autorizó con una resolución hace unos meses atrás, pero ahora quieren convertirlo en mandato constitucional: que todas las armas decomisadas sean usadas inmediatamente como pertrecho bélico por militares y policías.

France 24: ¿Y qué tipo de consecuencias habría?

L. C.: Si eso se logra, se ingresa a una enorme zona gris para diferenciar aquella persona que es asesinada por un presunto criminal o aquella que puede ser asesinada por el Estado. En Ecuador hay armas de dotación militar y policial que están registradas y evaluadas. En el momento en el que se disponga que las armas decomisadas pueden ser usadas, aunque el Gobierno diga que las van a registrar, ¿quién controla que lo estén haciendo?

Y si mañana aparecen muertos un grupo de jóvenes que supuestamente eran parte de una pandilla, se va a decir que se debía a un enfrentamiento, pero, ¿cómo vamos a demostrar que eso es así?

France 24: Con todo lo que hemos hablado, ¿hay alguna luz para Ecuador?

L. C.: Me parece que lo primero es no renunciar a la posibilidad de cuestionar al poder.

El poder está dado por el capital criminal, no solo por el poder estatal y el poder político. Entonces, la capacidad de criticar al capital criminal es tan importante como la capacidad de cuestionar al poder. Y aquello nace desde la academia, los generadores de opinión, los periodistas.

También es clave entender la dinámica del conflicto. Lo que vivíamos hasta diciembre terminó. La dinámica de las operaciones contra terroristas tiene que ver con una guerra psicológica: el terror del Estado y el terrorismo de las organizaciones criminales son armas psicológicas.

Y lo tercero: crear redes de contención para la protección de derechos humanos de las posibles víctimas “colaterales” de este conflicto.

Iremos calibrando con el tiempo. El problema es que el tiempo parece un aliado, pero a la vez un enemigo. Un aliado para ir entendiendo mejor. Y un enemigo, porque tal vez cuando entendamos los efectos, sea demasiado tarde.