Ecuador: nueva ola de violencia desafía las medidas de Noboa en vísperas de un referendo clave

"La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica", dice el comunicado publicado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el pasado 8 de marzo. Ese día, el presidente Daniel Noboa anunció la renovación por 30 días más del estado de excepción vigente desde el 8 de enero de este año.

El Gobierno declaró entonces un conflicto interno armado y abrió una “guerra” contra las bandas delincuenciales, a las que calificó de terroristas. Las cuentas gubernamentales replican los resultados de los operativos que realiza la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas.

“No descansaremos hasta devolver la paz a las familias ecuatorianas”, escribió la Presidencia de la República en su cuenta de X. 

Sin embargo, tres masacres en dos días han ensombrecido y puesto en duda el plan de seguridad que impulsa el Gobierno de Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023.

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Turistas asesinados ‘por error’

Seis adultos y cinco niños decidieron pasar el feriado de Semana Santa en la turística playa de Puerto López, en la provincia de Manabí. Llegaron el jueves por la tarde. Al día siguiente, un grupo de al menos 20 individuos fuertemente armados ingresaron al hotel donde estaban hospedados. Los menores de edad y un adulto fueron liberados y deambulaban por la carretera pidiendo auxilio. Los otros cinco fueron secuestrados, interrogados y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron dejados en una zona cercana al hospedaje.

“Se presume que se trataría de una presunta confusión entre organizaciones criminales”, dijeron las autoridades ecuatorianas. Ninguno de los implicados tenía antecedentes penales y lo que habría ocurrido es que los secuestradores los habrían confundido con miembros de una banda enemiga. 

Pero ese no fue el único asesinato múltiple. La misma noche del viernes, pero en la ciudad de Manta, también en Manabí, un grupo de personas que se encontraba afuera de una vivienda fue atacado por hombres armados. Cuatro personas murieron, entre ellas un militar en servicio activo.

Tras lo ocurrido, el presidente Noboa expresó su solidaridad con las familias y dijo que no descansaría hasta capturar a los responsables. “Esta es una muestra de que el narcoterrorismo y sus aliados están buscando espacios para atemorizarnos, pero no lo lograrán”, agregó.

La mañana del sábado 30 de marzo, la Policía Nacional informó de la detención de dos implicados en el asesinato múltiple de los turistas.

A estos hechos se sumó un ataque armado, la noche del sábado, en el sur de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado informó que el hecho dejó ocho muertos y 10 heridos. 

Estados de excepción: ¿una medida ineficiente en Ecuador?

Desde que la violencia estalló en Ecuador, primero en las cárceles del país, en 2021, el entonces presidente Guillermo Lasso expidió 15 declaratorias de excepción por diferentes motivos, la mayoría por la violencia disparada en el territorio. El 23 de febrero de 2021 ocurrió una serie de amotinamientos en diferentes cárceles, que dejó al menos 79 reos muertos. 

En julio de ese año, se registró otra masacre que dejó 21 presos muertos. Y en septiembre, se presentó la más mortífera: al menos 119 personas fueron asesinadas en otro penal. Los estados de excepción se decretaron y se ampliaron en su momento y, cuando el Gobierno anunciaba el control del sistema penitenciario, una nueva masacre - han ocurrido más de 13 de 2021 a 2023- desmentía a las autoridades.

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La violencia rompió los muros de los centros de reclusión y se inició una ola de coches bomba, atentados, magnicidios y secuestros, que hasta ahora no se ha podido frenar. En octubre de 2023, un agente penitenciario salía de cumplir sus labores y fue asesinado.

Un año antes, en noviembre de 2022, el Consejo de Seguridad nacional, con presencia del entonces presidente, Guillermo Lasso, mantenía una reunión en la ciudad de Guayaquil, en Durán, ciudad colindante con Guayaquil, cuando se registraron cuatro detonaciones: en dos gasolineras, en una unidad de vigilancia policial y en una zona residencial. Todo en pleno estado de excepción.

Ya en el Gobierno de Noboa, además de las masacres registradas el feriado de Semana Santa, días atrás hubo un amotinamiento en la cárcel regional de Guayaquil y, en otro hecho, asesinaron a Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en Manabí. Ella era la más joven en ocupar el cargo. Tenía 27 años cuando la mataron junto con su asesor de comunicación. El concejal alterno de Guayas, Julio Ronquillo, fue secuestrado y posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida. 

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Analistas en el país andino han cuestionado que los Gobiernos insistan con instaurar, como medida principal, el estado de excepción. Sus cuestionamientos apuntan a que no existe, además de la militarización, otras políticas que permitan reducir las muertes violentas o prevenir el resto de delitos.

“En estas condiciones de violencia generalizada, Ecuador no ha demostrado capacidad para prevenir esta violencia y esta incapacidad de contener está relacionada con la incapacidad de la Policía para hacer inteligencia, pero también con el sistema de Justicia. La violencia es impune y el sicariato es barato”, enfatizó Carla Álvarez Velasco, docente ecuatoriana y especialista en temas de seguridad, al diario argentino Hoy, en agosto de 2024, tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Cifras del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional indican que, en el periodo, de enero a marzo de 2024, las extorsiones y secuestros a ciudadanos se han incrementado y, en el caso de Guayaquil, la cifra se ha quintuplicado. Pasó de 120 casos en 2023 a 618.  

De acuerdo con la Constitución, el presidente únicamente puede extender un estado de excepción hasta por 60 días y extenderlo por 30 días más. El 8 de abril termina esta medida y la preocupación de la ciudadanía es cuál será la nueva estrategia del Gobierno para enfrentar la espiral de violencia que vive el país, si, incluso con estado de excepción y toque de queda, la criminalidad no se ha reducido.  

¿Por qué Ecuador entró en un conflicto interno armado?

Noboa fue el primer presidente en declarar un estado de excepción por existir “un conflicto interno armado”. Los Gobiernos anteriores lo habían decretado por fuerte conmoción social. 

La decisión de Noboa, el 8 de enero de este año, se dio luego de que alias “Fito”, líder de la banda “Los Choneros”, y Fabricio Colón Pico, líder regional de “Los Lobos” se fugaron de sus centros de reclusión. Luego, una ola de violencia con atentados y explosiones se registraron en varias ciudades. Incluso, un grupo de 15 personas fuertemente armadas se tomó las instalaciones de un canal de televisión y transmitió el suceso en vivo.

Con el decreto, Noboa declaró más de 10 bandas como "terroristas". En estos tres meses se han realizado 115.133 operativos a nivel nacional, que han dejado 9.210 detenidos. De ese número, 241 fueron detenidos por terrorismo. Sin embargo, un porcentaje mínimo ha sido procesado por la Justicia.

Ecuador, otrora un pacífico país suramericano, atraviesa una crisis de seguridad provocada por la incursión del narcotráfico, cárteles mexicanos, el crimen organizado y otras economías ilícitas. De ahí que la atención, en las elecciones adelantadas del 15 de octubre pasado, que dieron como ganador a Noboa, estaban sobre las propuestas para combatir la criminalidad y la violencia.

Repunte de violencia en vísperas de un referendo clave

Según el mandatario ecuatoriano, la nueva revuelta carcelaria y los hechos de violencia "no son hechos aislados", pues ocurrieron en "vísperas de una consulta popular" que impulsa el gobierno. En su cuenta de X, el mandatario responsabilizó a "narcoterroristas" y sus "políticos aliados" del motín.

Noboa, en el poder desde noviembre, convocó el 21 de abril a un referendo para consultar a los ecuatorianos sobre endurecer o no las medidas para enfrentar al narco. Entre las preguntas está la vía libre para que los militares apoyen a los policías sin necesidad de un estado de excepción, la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y el aumento de penas por terrorismo y narcotráfico.

En el mismo sentido, el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, aseguró el 28 de marzo que el más reciente motìn carcelario, ocurrido en medio de un estado de excepción y en el marco de un "conflicto armado interno" contra las bandas criminales, tiene tintes "desestabilizadores".

"Son intentos desestabilizadores del Estado de derecho, de la democracia, porque estamos a las vísperas de una consulta popular que pretende resolver los problemas de seguridad: extradición, incremento de penas para delitos graves", entre otros, sostuvo.

Añadió que, en medio de un conflicto armado interno y "una lucha histórica en contra de la delincuencia organizada del narcoterrorismo", las acciones desplegadas por el Estado "tienen como consecuencia actos desestabilizadores".

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Con Efe y medios locales.